Estado social y democrático de derecho

 

En una reciente entrevista a Arturo Pérez-Reverte en el diario El País en la que se suceden sus consideraciones intempestivas sobre la guerra civil, su polémica por la XI edición de Letras en Sevilla o sus puntos de vista sobre la izquierda y la derecha española (a veces da la impresión de que surgen sobre la marcha según el noticiero), las que más me interesan son la que tratan de la decadencia de la cultura europea: Europa fue un referente mundial, desde Homero hasta hace cuatro días. Todo el mundo quería ser como nosotros. Esa fascinación ha desaparecido. Ahora nos desprecian. Europa ya no es nada. Vienen otros imperios. Y nos van a dar, pero bien. A mí no, que yo no voy a estar. A vosotros. Y a vuestros hijos. Ese mundo que viene va a triturar lo que va quedando de Europa. Y Europa es lo mejor que ha ocurrido en la historia.

De las dimensiones del ocaso de la grandeur europea a las que alude el escritor y académico, la primera, por ser el marco de las demás, es la devaluación gradual del Estado social y democrático de derecho.

El ESDD fue un proyecto político que trató de reunir los ideales del liberalismo clásico y del pensamiento socialista: del primero, un conjunto de derechos y libertades inalienables; del segundo, una aspiración a la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Inspirado en la primera y sucesivas declaraciones de los derechos humanos se convirtió en el “Estado de bienestar”. Desde la fundación de la democracia por Pericles en el siglo quinto de la Grecia Clásica no se había producido en Occidente un acercamiento tan estrecho entre ética y política. El momento álgido del ESDD coincidió con el gobierno de una constelación de notables estadistas impulsores de la socialdemocracia: Willy Brandt, Olof Palme, Bruno Kreisky, François Mitterrand o Felipe González, entre otros.

Actualmente, el Estado del bienestar, el modelo europeo más genuino y legítimo, ha sido minimizado en parte por la falta de políticos socialdemócratas a la altura de sus predecesores y también por el giro copernicano del electorado  hacia el amplio espectro de las derechas neoconservadoras, ultranacionalistas o simplemente autoritarias (cuyas causas desbordan este análisis). Un apunte histórico. Las sucesivas crisis económicas, desde la remota del petróleo de 1973 hasta la reciente de 2008, hicieron que se tambalease el Estado del Bienestar y el consiguiente retroceso de unos derechos sociales que parecían consolidados. El contexto para su derribo fueron los necesarios recortes y reformas para salir de la recesión mundial que los mercados financieros norteamericanos crearon con sus temerarias especulaciones. Los mismos han sido el problema y la solución, una contradicción lógica y política que obviamente tiene consecuencias.

Vamos a recordar, cual elogio fúnebre cabe la tumba del finado, los principios del Estado social y democrático de derecho.

La idea fundacional era lograr una síntesis entre democracia política y democracia social. Significa que el Estado no tiene que conformarse con el papel pasivo de árbitro de las reglas del juego económico ni con su exclusiva intervención en aquellas áreas que carecen de interés para la iniciativa privada. Por el contrario, debe actuar en los siguientes aspectos:

Coordinar los distintos ámbitos de la economía nacional para evitar los desajustes coyunturales y las crisis periódicas.

Promover la función social de la propiedad mediante leyes destinadas a reducir los abusos del mercado en los sectores básicos de la sociedad: alimentación, vivienda y trabajo.

Regular las instituciones financieras para controlar las prácticas especulativas contrarias al bien común (expresión que por desgracia ha caído en desuso).

Intervenir en aquellos casos en que la función social de la propiedad lo requiera: el derecho de expropiación forzosa mediante justiprecio o la inyección de fondos públicos para reflotar empresas estratégicas y mantener los niveles de producción y empleo.

Propiciar tanto la inversión privada como la propiedad colectiva de los medios de producción. El Estado debe tener iniciativa propia para crear empresas públicas con un patrimonio saneado y competitivo.

Sostener un conjunto de prestaciones universales: la educación gratuita y obligatoria, al menos hasta una determinada edad, la asistencia sanitaria, la protección del desempleo, las pensiones de jubilación, la ayuda a la familia y a la tercera edad, así como el apoyo a los grupos sociales más desfavorecidos.

Buscar una redistribución justa y solidaria de la riqueza mediante una política fiscal progresiva donde las tasas impositivas aumentan a medida que crecen los ingresos o la riqueza del contribuyente.

El artículo 1.1. del Título Preliminar de la Constitución establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.

Para confirmar el cumplimiento de su letra habría que recurrir al realismo mágico puesto de moda por unas novelas a mi entender sobrevaloradas, o al nominalismo puro, al poder de la palabra como expresa el comienzo del hermoso poema de Borges El golem.

 Si (como afirma el griego en el Cratilo)

el nombre es arquetipo de la cosa

en las letras de “rosa”

está la rosa

y todo el Nilo en la palabra “Nilo”'.